You are here

COMUNICADO DE PRENSA: Una nueva investigación revela un campo de juego desigual entre las comunidades y las empresas que compiten por los derechos sobre las tierras

Las comunidades sacrifican décadas lidiando con los complejos y caros procesos gubernamentales que pueden forzarlas a abandonar territorio y derechos, mientras que las compañías pueden asegurarse rápidamente la concesión de la misma tierra

LIMA (11 de julio de 2018)—Un nuevo conflicto por la tierra está creciendo en el mundo en desarrollo. Los pueblos indígenas y las comunidades están perdiendo su tierra a ritmos alarmantes mientras que las compañías expanden rápidamente sus operaciones a lo largo de África, Asia y América Latina, continentes ricos en recursos. Aunque más del 50 por ciento de la tierra del mundo está en manos colectivas, los grupos indígenas y las comunidades solo son dueños legalmente del 10 por ciento de la tierra a nivel global. Un nuevo informe del World Resources Institute muestra que en muchos países, el proceso para formalizar los derechos de la tierra es extremadamente complejo, costoso y lento, y tarda hasta 30 años o más. En las Filipinas, el proceso requiere 56 pasos obligatorios por ley; en Indonesia, hay involucrados 21 entes gubernamentales diferentes. Pero las compañías normalmente pueden asegurarse derechos a largo plazo sobre la tierra desde un plazo de tan solo 30 días a cinco años. El estudio echa luz sobre la desigualdad de condiciones entre las empresas y las comunidades, y recomienda un camino más transparente.

Uno de los estudios globales más exhaustivos sobre cómo las comunidades y las empresas formalizan derechos sobre la tierra, The Scramble for Land Rights: Reducing Inequity between Communities and Companies analiza las discrepancias en tiempo, dinero, tamaño de la tierra y derechos otorgados en 15 países. Sin reconocimiento legal formal, a las comunidades se les dificulta proteger su tierra y evitar que se desarrolle o explote. El WRI descubre que, además de un proceso mucho más complicado y opaco para formalizar la tenencia de la tierra, los pueblos indígenas y las comunidades suelen ser forzados a abandonar áreas significativas de su tierra consuetudinaria o pierden derechos sobre valiosos recursos naturales como agua limpia o plantas medicinales, lo que coarta su sustento. Y no son solo las comunidades las dañadas por estas prácticas: empresas bien intencionadas que siguen las políticas gubernamentales para adquirir tierra tienen una desventaja competitiva con respecto a las compañías que toman atajos, aprovechan vacíos legales y empiezan operaciones comerciales antes de obtener las autorizaciones finales.

“Los gobiernos deben examinar con rigurosidad cómo sus políticas sobre los derechos de la tierra favorecen especialmente a aquellos que talan bosques, queman turberas ricas en carbono o agotan de otros modos los recursos naturales, frente a las comunidades que desde hace largo tiempo protegen los bosques del mundo," dijo Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. "Estas condiciones injustas no solo plantean graves riesgos ambientales, sino que también amenazan el medio de vida de más de 2.500 millones de personas que dependen de la tierra colectiva."

En Indonesia, los pueblos indígenas han pasado más de 15 años tratando de formalizar sus derechos. Aproximadamente 20 comunidades han logrado el título de menos de 20.000 hectáreas de tierra, mientras que las productoras de aceite de palma, que pueden asegurarse los derechos comerciales a la tierra en solo tres años, poseen plantaciones que cubren casi 14 millones de hectáreas en Indonesia.

Las comunidades de la Uganda rural atraviesan procesos de 17 pasos que requieren aprobación de instituciones que el Gobierno aún tiene que establecer en algunos distritos, mientras que las compañías completan el proceso en tan solo cinco pasos.

El informe revela que, en muchos países, a las empresas se les permite obtener derechos sobre la tierra sin verificar si existen reclamos de comunidades sobre la misma tierra, y que, incluso cuando los gobiernos requieren consultas con las comunidades, las compañías solo hacen gestos simbólicos en lugar de tratar sinceramente de obtener el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad.

“Cuando las compañías adquieren tierra, aquellas que actúan de mala fe pueden con frecuencia encontrar atajos legales, extralegales o ilegales. Esto no solo aumenta el riesgo de conflictos por la tierra, sino que también pone a las empresas más éticas en desventaja competitiva," dijo Laura Notess, autora del informe y abogada integrante de la Iniciativa para los Derechos a la Tierra y los Recursos del WRI. "Por ejemplo, una compañía de Mozambique pasó dos años consultando con las comunidades, mientras que otras se saltaron por completo este paso y obtuvieron la tierra en tan solo tres meses.”

Estas condiciones injustas desalojan a los mejores guardianes de los bosques del mundo. Demasiado a menudo, los inversores que obtienen derechos a tierras comunitarias desforestan vastas áreas y agotan los recursos naturales en una comunidad y luego pasan a otra, mientras que por generaciones los pueblos indígenas y las comunidades rurales administraron sustentablemente su tierra. Según Global Forest Watch, el mundo perdió 15,8 millones de hectáreas de bosques tropicales en 2017, pero la tasa de pérdida de cobertura arbórea fue menos de la mitad en tierras en manos de comunidades y pueblos indígenas en comparación con cualquier otro lado.

El WRI lanzó el informe en Lima, Perú, en sociedad con AsM Law Office, el Center for International Forestry Research (CIFOR), Rainforest Foundation United States (RFUS), Iniciativa por los Derechos y los Recursos (RRI) y Ujamaa Community Resource Team, que lideró el trabajo de campo en Indonesia, Perú y Tanzania. Especialistas hablaron junto con funcionarios gubernamentales y líderes indígenas que luchan por asegurarse los derechos formales de la tierra en la Amazonia peruana.

En Perú, las empresas pueden encontrar fácilmente atajos para sortear los engorrosos requerimientos, como comprar pequeños lotes y convertirlos en grandes concesiones agroindustriales para evitar regulaciones ambientales y despejar franjas de la Amazonia. Las comunidades indígenas no tienen esta opción, y cuando surgen disputas por la tierra u otros obstáculos, los esfuerzos por lograr el título de su tierra quedan en un punto muerto.

Por ejemplo, en 2014, grandes secciones de los bosques ancestrales de la comunidad de Santa Clara de Uchunya empezaron a desaparecer. Sin el conocimiento o el consentimiento de la comunidad, el gobierno regional había otorgado derechos sobre pequeños lotes de su tierra, que compró Plantaciones de Pucallpa, una productora de aceite de palma con conocidos problemas ambientales y legales.

“Para comunidades como la mía, nuestra tierra es nuestro sustento. En Ucayali, una compañía productora de aceite de palma nos desalojó de nuestra tierra que es nuestro hogar, redujo los bosques y no nos dejó otra opción que contraatacar en los tribunales," dijo Carlos Hoyos Soria, líder de la comunidad de Santa Clara de Uchunya en Perú. "Al mismo tiempo nuestros trámites de titulación de la tierra vienen siendo frenados desde hace años, y en ese periodo hemos recibido amenazas de muerte y sufrimos ataques violentos contra nuestra comunidad. Tenemos miedo por nuestra vida, pero sin nuestra tierra perdemos todo.”

Tensiones como estas están intensificándose en muchos de los 15 países estudiados en The Scramble for Land Rights. Las disparidades entre comunidades y compañías alimentan una hostilidad que puede rápidamente convertirse en conflicto, particularmente en América Latina, donde cientos de defensores ambientales fueron asesinados en la última década en medio de una violencia creciente. Los conflictos abarcan desde disputas limítrofes con vecinos a concesiones solapadas, y pueden atar a las comunidades en trámites burocráticos durante años.

"Lo que está en juego es el destino de la Amazonia y sus poblaciones indígenas. No hacer nada y dar la espalda a estas comunidades es demasiado peligroso," dijo Hildebrando Antonio Collantes Zegarra, encargado de la Oficina de Comunidades Indígenas, del gobierno subnacional de Ucayali para el Ministerio de Agricultura en Lima. "Los gobiernos, incluido el de Perú, deben hacer más para proteger los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades. Deben simplificar los procesos para documentar la tierra, fortalecer el acceso de los pueblos indígenas a los títulos y brindar más recursos para mediar en los crecientes conflictos alimentados por el aumento del tráfico de drogas, la tala ilegal y el tráfico ilícito de tierras.”

Para nivelar las condiciones entre comunidades y compañías, el informe llama a los países a hacer que los extremadamente complejos procedimientos sean más claros y más accesibles, a corregir los pasos que imponen cargas difíciles e indebidas a las comunidades y a implementar uniformemente las políticas de adquisición de tierra corporativa. Y en todo el mundo se necesitan mejores mecanismos de resolución de conflictos para abordar los reclamos de terceros en competencia y aumentar las consultas con las comunidades para asegurar un consentimiento libre, previo e informado (CLPI).

Quienes están en posiciones de toma de decisiones a nivel internacional también tienen un rol que cumplir en el apoyo de los esfuerzos de las comunidades para asegurar la tenencia de la tierra, que va desde construir capacidad local para mapear la tierra comunitaria hasta proporcionar asistencia legal y financiera para los procesos de titulación. Una y otra vez, la investigación muestra que reconocer el derecho de los indígenas y las comunidades a la tierra es una solución comprobada para conservar los bosques, mitigar el cambio climático, reducir la pobreza y catalizar el desarrollo sostenible.

El informe completo está disponible en http://www.wri.org/publication/scramble-for-land-rights.

CITAS DESTACADAS DE LOS SOCIOS:

Anne-Sophie Gindroz, Facilitadora Regional para el Sudeste Asiático, Iniciativa para los Derechos y los Recursos: “Las comunidades no pueden competir con el ritmo y la escala en que sus tierras y sus bosques están siendo otorgados al sector corporativo por los gobiernos. Sin medidas urgentes para asegurar los territorios reclamados, habrá más conflictos, violencia e injusticia, lo que implica un obstáculo para el desarrollo sostenible.”

Anne Larson, Jefa de Científicos, Center for International Forestry Research: “Nuestra investigación muestra que en Perú el proceso de titulación de tierras indígenas es largo, complicado y costoso. A pesar de importantes avances, el procedimiento sigue estando sobrerregulado y presenta inconsistencias. Aun en casos en las que las comunidades han logrado el título de sus tierras, muchas todavía enfrentan problemas que obstaculizan su capacidad de beneficiarse de su título y que las hacen vulnerables a invasiones, a cambios en la ley y, en general, a actores más poderosos. Debería ser básico contar con mecanismos para manejar los conflictos en el proceso de titulación, ya que la incapacidad de lidiar con situaciones de conflicto impide el éxito tanto para las comunidades como para los bosques.”

Christine Halvorson, Directora de Programa, Rainforest Foundation US: “Asegurar los derechos sobre la tierra de los indígenas es una de las formas más efectivas de proteger el bosque. En Guyana esto contribuiría a los compromisos internacionales que el país ha suscrito en materia de derechos ambientales y humanos.”

Contact

Stay Connected