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Mientras los grupos indígenas esperan durante décadas para los títulos de tierras, las empresas están adquiriendo sus territorios

Las comunidad de Santa Clara Uchunya lleva varias generaciones viviendo en una zona remota del Amazonas peruano. Al igual que muchos grupos indígenas, esta comunidad del pueblo Shipibo-Konibo ha gestionado y dependido tradicionalmente de sus bosques para la caza, la pesca y los recursos naturales.

Pero en 2014, alguien empezó a talar grandes extensiones de los bosques ancestrales de la comunidad.

Sin el conocimiento ni el consentimiento de la comunidad, el Gobierno regional había entregado 200 parcelas de tierra, que fueron compradas a continuación por la empresa de aceite de palma Plantaciones de Pucallpa, parte de un grupo de empresas extranjeras con conocidos problemas ambientales y legales.

<p>Deforestación provocada por la explotación del aceite de palma en Santa Clara de Uchunya. Foto de Rainforest Rescue/Flickr</p>

Deforestación provocada por la explotación del aceite de palma en Santa Clara de Uchunya. Foto de Rainforest Rescue/Flickr

Los miembros de la comunidad recurrieron a la ayuda de la organización indígena FECONAU, pero había un problema: Santa Clara de Uchunya solo tenía títulos formales de una minúscula parte de sus tierras ancestrales, alrededor de 218 hectáreas de las aproximadamente 8000 hectáreas que ocupaban.

Por lo tanto, en 2015, la comunidad solicitó una extensión de su título para incluir la totalidad de sus tierras ancestrales. El Gobierno regional respondió con promesas vagas y sugirió que la existencia de reclamaciones enfrentadas de la tierra hacían imposible su actuación. Ante la pasividad administrativa, la comunidad presentó una demanda judicial para obligar al Gobierno a reconocer su derecho constitucional a sus tierras ancestrales.

La demanda sigue estancada en los tribunales y la comunidad solo ha podido obtener un compromiso del Gobierno de una pequeña extensión de 750 hectáreas. Cuando los funcionarios y los miembros de la comunidad intentaron completar los mapas necesarios para esta extensión, un grupo numeroso de personas, presuntamente relacionadas con la explotación de aceite de palma, les bloqueó el paso.

Los miembros de la comunidad continúan su campaña, pero se han encontrado con violencia cada vez más intensa. Un grupo de hombres armados desconocidos fueron a sus casas y los amenazaron diciendo que estaban “listos para matar”. Golpearon a un miembro de la comunidad que se negó a salir de su tierra y abrieron fuego contra una delegación comunitaria que intentaba reunir pruebas sobre la deforestación.

Mientras tanto, la explotación de aceite de palma sigue en marcha, a pesar de las múltipleórdenes judiciales de cese de las operaciones de la empresa por no haber obtenido los permisos adecuados y deforestar ilegalmente al menos 5300 hectáreas.

<p>Niños de la comunidad de La Roya del pueblo Shipibo-Konibo. Foto de Juan Carlos Hauyllapuma/CIFOR</p>

Niños de la comunidad de La Roya del pueblo Shipibo-Konibo. Foto de Juan Carlos Hauyllapuma/CIFOR

“Nunca pensamos que tendríamos este tipo de problemas con empresas transnacionales”, señaló Carlos Hoyos Soria, líder de la comunidad de Santa Clara de Uchunya. “Vivimos de la caza y de la pesca, de los recursos que nos ofrece el bosque. Las personas indígenas no son nada sin la tierra”.

La lucha de Santa Clara de Uchunya es una lucha mundial

La historia de Santa Clara de Uchunya es demasiado habitual. Una nueva investigación del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) concluye  que, en 15 países de América Latina, África y Asia, las comunidades rurales y los pueblos indígenas se enfrentan a grandes desafíos para formalizar sus derechos a la tierra. Mientras esperan durante décadas títulos de tierras que podrían no llegar nunca, las empresas adquieren tierras o ponen en marcha sus operaciones en hasta tan solo 30 días. Los conflictos resultantes en relación con las tierras disputadas pueden durar años, lo que provoca el desplazamiento de las comunidades y genera riesgos legales y económicos significativos para las empresas.

Los pueblos indígenas y las comunidades rurales ocupan más de la mitad de las tierras del mundo, pero solo poseen legalmente el 10% de las tierras a nivel mundial. La obtención de derechos formales sobre la tierra es una de las muchas herramientas que utilizan para intentar proteger sus tierras, pero nuestra investigación observa claras desigualdades en estos procesos:

  • Las comunidades se enfrentan a muchas dificultades cuando intentan obtener derechos formales sobre sus tierras. Muchas comunidades no se dan cuenta de que sus formas consuetudinarias de propiedad de la tierra no tienen protección legal; y los que sí se dan cuenta no disponen a menudo de los conocimientos y recursos legales para empezar el proceso de solicitud de los derechos formales. Aunque las leyes son diferentes en cada país, los procedimientos de formalización de las tierras suelen conllevar procesos complicados, como la redacción de informes técnicos o documentos legales. En la práctica, la mayoría de las comunidades necesitan la ayuda de una organización externa sin fines de lucro. Además, como se ha observado en el caso de Santa Clara de Uchunya, cuando existen conflictos o se superponen los derechos a la tierra y las concesiones, puede ser totalmente imposible  para la comunidad obtener títulos de sus tierras. Constatamos que se trataba de un desafío clave no solo en Perú, sino también en países como Indonesia, Tanzanía, Guyana y Mozambique.

  • Incluso cuando las comunidades obtienen títulos, estos documentos excluyen tierras ancestrales y recursos naturales. El título original de Santa Clara de Uchunya representaba una parte minúscula de su territorio total. Los títulos de muchas comunidades excluyen de manera similar las tierras ancestrales, y las autoridades gubernamentales imponen límites arbitrarios al tamaño de las tierras que conceden a las comunidades. En otros lugares, ciertos tipos de tierras no se pueden incluir en los títulos: en Perú, las comunidades tienen que completar un proceso independiente si el Gobierno clasifica la tierra como “forestal”. Incluso en este caso, solo pueden obtener un contrato de cesión en uso, y no derechos de propiedad. En la práctica, solo unas pocas comunidades han logrado obtener este tipo de contrato.

  • Algunas empresas utilizan atajos para adquirir tierras, con graves consecuencias sociales y ambientales. En ocasiones, las leyes y las políticas que regulan la manera en que las empresas obtienen tierras son contradictorias o incongruentes, lo que deja vacíos que las empresas pueden aprovechar para adquirir tierras más rápido. Al igual que Plantaciones de Pucallpa, que no completó adecuadamente los permisos sociales y ambientales antes de empezar a operar, algunas empresas se aprovechan de la capacidad limitada de los Gobiernos para controlar la mala conducta. Esto no solo perjudica a las comunidades, sino que también crean una desventaja competitiva para las empresas que evalúan cuidadosamente los riesgos ambientales y sociales, en comparación con las que toman atajos.

<p>Niños de aldeas en Indonesia. Foto de Icaro Cooke Vieira/CIFOR</p>

Niños de aldeas en Indonesia. Foto de Icaro Cooke Vieira/CIFOR

Llegar a la raíz del problema

La investigación de crímenes ambientales y transacciones problemáticas de tierras después de que ocurran es una medida demasiado tardía, cara y que lleva tiempo. Una solución mucho mejor sería resolver las cuestiones de tierras que originan estos problemas. Los Gobiernos deben reconocer los derechos indígenas y comunitarios a las tierras, hacer un mejor seguimiento de la mala conducta de las empresas durante la adquisición de tierras y asegurarse de que las empresas obtienen el consentimiento previo, libre e informado de las personas que viven en las tierras antes de comenzar sus operaciones

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